En República Dominicana, el crecimiento del turismo y las inversiones inmobiliarias vinculadas al sector hotelero se ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Ciudades como Verón Punta Cana viven una ebullición constante: cada semana se inauguran nuevos complejos residenciales de lujo, centros comerciales, industrias y espacios orientados al turismo de alto nivel. La narrativa que predomina es de desarrollo y modernidad. Pero hay una pregunta que no podemos seguir postergando:

¿Dónde queda la ciudad?

Mientras las inversiones en turismo florecen, el modelo urbano se rezaga. Las vías de acceso colapsan. Los servicios básicos escasean. Los centros de salud públicos y privados están saturados. Faltan escuelas y espacios de recreación. El sistema de drenaje pluvial es inexistente en muchas zonas. Los asentamientos informales crecen sin control, sin conectividad, ni infraestructura peatonal, ni equipamientos urbanos esenciales.

El resultado es un paisaje de contrastes: lujo para los visitantes, precariedad para muchos residentes; marketing internacional impecable, pero vacío de ciudad real.

Verón: ¿una lección ignorada?

El caso de Verón Punta Cana debería servir como referencia para planificar mejor. Con toda la riqueza generada por el turismo, el territorio no ha logrado consolidar una ciudad funcional para su población residente. En lugar de aprender de esta experiencia, pareciera que el mismo patrón se está replicando en otras zonas del país, con la misma falta de visión urbana, la misma prioridad al capital sobre la comunidad, y la misma ausencia de políticas públicas de urbanismo.

La ciudad no es un extra: es el centro

En el panorama urbano dominicano, cientos de proyectos residenciales cerrados emergen como microciudades satélites, dispersas y rodeadas del caos. Pareciera que cada desarrollador estuviera convencido de que el entorno no importa, y que todas las precariedades se resuelven con un muro perimetral, un personal de seguridad y una cuota de mantenimiento.

Estos proyectos, lejos de integrarse al tejido urbano, lo fragmentan aún más. Están diseñados de forma tal que tener un carro no es una opción, sino una obligación. Y paradójicamente, son estos mismos residentes quienes más sufren el caos del tránsito cada mañana al salir de su cerco perimetral hacia una ciudad que no les ofrece opciones.

¿No sería más lógico unificar capacidades y voluntades para construir, de una vez por todas, un Master Plan de Ciudad que garantice confort urbano, sostenibilidad y resiliencia para todos?

La ciudad no puede ser la consecuencia olvidada del éxito turístico. Debe ser pensada como la estructura que sostiene ese éxito. La movilidad urbana, el acceso a vivienda digna, los servicios públicos, el espacio público, el agua, la energía, la educación, la salud, y el ambiente urbano no pueden seguir siendo externalidades.

Un turismo sostenible necesita una ciudad funcional. Y una ciudad funcional no se improvisa: se planifica con datos, con visión, con participación ciudadana y con compromiso estatal.

Déficit técnico y voluntad política: un cuello de botella silencioso

Otro factor crítico que impide avanzar hacia una ciudad planificada y funcional es la falta de capacidad técnica en los gobiernos locales y nacionales. Muchos ayuntamientos y dependencias estatales carecen del personal calificado para formular, gestionar y ejecutar proyectos urbanos integrales. Esta carencia no solo limita la calidad de las intervenciones, sino que impide acceder a recursos de cooperación internacional que exigen rigurosidad técnica, planificación estratégica y visión a largo plazo.

A esto se suma una cultura institucional donde priman la improvisación, la burocracia, la politiquería y el interés particular sobre el interés general. Las decisiones se toman muchas veces sin diagnóstico, sin participación ciudadana y sin continuidad técnica. En este contexto, incluso los pocos fondos disponibles se ejecutan con una lógica de gasto inmediato —el viejo principio de “si no lo gasto me lo quitan”— en lugar de una lógica de inversión sostenible.

La consecuencia es clara: ciudades que crecen sin estrategia, recursos desaprovechados, oportunidades perdidas y una población que no encuentra respuestas. La planificación urbana no solo necesita leyes, necesita gente capacitada, procesos institucionalizados y gobernanza con visión de Estado.

Urbanismo para la gente, no solo para la industria

El buen urbanismo es una política pública. No es decoración ni lujo. Es garantía de sostenibilidad, de equidad, de justicia territorial. Seguir apostando a la expansión sin control es una receta para el colapso a mediano plazo.

Lo que hoy se presenta como éxito podría transformarse en frustración si no se corrige el rumbo. El verdadero desarrollo es aquel que integra ciudad y economía, que no sacrifica la calidad de vida por indicadores macroeconómicos, y que reconoce que sin ciudad no hay futuro.

Por: Samuel Abreu Marcelo: Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes / Máster BIM Internacional en Infraestructuras / Especialista en Ordenamiento Territorial / Docente de Metodología BIM y SIG aplicados al Ordenamiento Territorial con Inteligencia Artificial

Diversos residentes han denunciado públicamente —y así lo recoge la prensa local— que algunas administraciones imponen cuotas elevadas de mantenimiento sin ofrecer, en la práctica, los servicios mínimos que justifican tales cobros. El problema se agrava cuando el mismo administrador concentra la doble función de representante de los propietarios ausentes y a la vez gestor del condominio, colocándose en una posición de juez y parte. Esto le permite imponer políticas y cuotas que, lejos de fomentar eficiencia y calidad en el servicio, terminan favoreciendo un alto lucro particular.

La consecuencia es clara: propietarios presentes y comprometidos con la vida comunitaria se ven obligados a cubrir gastos que no se reflejan en mejoras visibles, mientras que los ausentes delegan su representación en quienes, paradójicamente, lucran de este esquema.

Condominio vs. Junta de Vecinos: diferencias legales clave

La legislación dominicana —específicamente la Ley No. 5038-58 sobre el Régimen de Condominios y Propiedad Horizontal y sus modificaciones— establece que un condominio se constituye cuando en una misma edificación o conjunto se distinguen unidades de propiedad exclusiva (apartamentos, locales o casas dentro de un complejo cerrado) y áreas comunes indivisibles (pasillos, escaleras, jardines, calles internas, instalaciones técnicas).

En cambio, en las comunidades formadas por propiedades individuales con títulos separados y sin áreas comunes indivisibles, lo que corresponde legalmente no es un régimen de condominio, sino la organización voluntaria a través de una junta de vecinos conforme a la Ley No. 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Confundir ambos esquemas ha dado pie a que muchas administraciones intenten someter a propietarios de solares o viviendas individuales bajo figuras de condominio, con lo cual se colocan en posición de imponer cuotas obligatorias, aunque jurídicamente no exista un condominio como tal.

¿Cuál es el límite de los condominios según la ley?

La Ley de Condominios fue concebida para edificaciones o conjuntos razonablemente delimitados, con áreas comunes necesarias y manejables. Sin embargo, en la práctica reciente se observa una tendencia preocupante: barrios enteros de hasta 300 o 500 viviendas, con poblaciones superiores a 5,000 habitantes, están siendo gestionados como si fueran un solo condominio.

Esto plantea múltiples riesgos:

1. Urbanísticos:
   • Se crean grandes enclaves cerrados que fragmentan la ciudad, en lugar de promover una estructura urbana abierta e interconectada.
   • La proliferación de muros y accesos restringidos debilita la movilidad, incrementa los tiempos de traslado y reduce la integración de servicios públicos básicos.
2. Sociales:
   • Se limita el derecho de los residentes a organizarse de manera democrática y abierta en juntas vecinales.
   • Se fomenta la concentración de poder en pocas manos, con administradores que controlan miles de propiedades y decisiones unilaterales.
3. Financieros:
   • Las cuotas de administración en conjuntos tan grandes representan un flujo millonario mensual, con escasa o nula supervisión estatal.
   • Se incrementa el riesgo de uso indebido de fondos o enriquecimiento ilícito bajo el amparo de “servicios comunes” que rara vez se corresponden con la magnitud de lo recaudado.

En este sentido, la ley nunca pensó el régimen de condominio para ser aplicado a barrios completos, y mucho menos para sustituir el rol natural de los municipios y juntas de vecinos en la gestión del espacio urbano. Lo que debiera ser un instrumento de convivencia para comunidades relativamente pequeñas y homogéneas, se está convirtiendo en un modelo de privatización de la ciudad a gran escala.

Respaldo Legal

1. Ley de Condominios (Ley No. 5038-58 y modificaciones posteriores)

• Artículo 1:

“La presente Ley regula el régimen de condominio, que se configura cuando un inmueble se divide en pisos, apartamentos, locales u otras unidades susceptibles de aprovechamiento independiente, que tengan salida a la vía pública directamente o a través de un pasaje común, y a las cuales corresponde un derecho de copropiedad sobre los bienes comunes.”

• Artículo 6:

“Cada propietario contribuirá, en proporción a su cuota, a los gastos de conservación, reparación y servicios comunes.”

• Artículo 7:

“El reglamento de condominio fijará las bases para la administración y el uso adecuado de las partes comunes, así como la distribución de gastos comunes.”

Interpretación: Solo cuando existen áreas comunes indivisibles (calles internas, jardines, sistemas de agua, iluminación común, etc.), el administrador tiene base legal para cobrar cuotas de mantenimiento. No aplica a viviendas o solares individuales sin espacios comunes indivisibles.

2. Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios

• Artículo 19, literal g):

“Son competencias propias del municipio… promover la participación social a través de las juntas de vecinos y otras formas de organización comunitaria.”

• Artículo 253:

“Los ayuntamientos reconocerán las juntas de vecinos… como mecanismos de participación ciudadana, de consulta y de concertación en la gestión municipal.”

Interpretación: La ley reconoce a las juntas de vecinos como órganos de participación ciudadana y colaboración con el municipio, pero no les otorga facultades para imponer cuotas obligatorias ni administrar servicios de manera forzosa.

3. Ley 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro

• Artículo 2:

“Las asociaciones sin fines de lucro se constituyen para realizar actividades de interés social, comunitario o de beneficio común, sin ánimo de lucro.”

• Artículo 5:

“La participación en las asociaciones sin fines de lucro es voluntaria.”

Interpretación: La ley es clara en que la participación en juntas de vecinos es voluntaria, y no puede convertirse en un mecanismo de cobro obligatorio. Las juntas solo pueden gestionar proyectos, canalizar ayudas, promover actividades comunitarias o representar a la comunidad ante las autoridades, pero no administrar propiedades privadas ni imponer cuotas de administración.

El llamado urgente

Ante este panorama, resulta imprescindible un llamado a la acción:

1. A los propietarios, para que conozcan sus derechos, se informen de la diferencia entre condominio y junta de vecinos, y exijan la aplicación correcta de la ley.
2. A las autoridades locales y nacionales, para que supervisen y regulen los casos en que se intenta aplicar de manera extensiva e irregular el régimen de condominio a comunidades que no corresponden a esta figura.
3. A los urbanistas y planificadores, para reflexionar sobre el impacto que tienen los grandes enclaves cerrados en la fragmentación de nuestras ciudades y en la sostenibilidad de los servicios públicos.

La administración de residenciales no debe ser un espacio de abuso ni de enriquecimiento indebido, sino un instrumento al servicio de la convivencia, el orden y el bienestar común. Hoy, más que nunca, se necesita transparencia, regulación y participación ciudadana para garantizar que nuestras comunidades crezcan con justicia, equilibrio y verdadera calidad de vida.

Propiedad de las infraestructuras: ¿del desarrollador o de dominio público?

Otro aspecto que agrava la problemática es la práctica de ciertos desarrolladores que, una vez finalizada la obra y entregadas las viviendas, se autodenominan propietarios de las infraestructuras comunes, tales como acueductos, calles internas, sistemas eléctricos o redes de drenaje. Su justificación suele ser que esas obras fueron construidas con su inversión inicial.

Sin embargo, esta interpretación desconoce principios básicos del derecho inmobiliario y urbanístico dominicano:

1. Las infraestructuras forman parte del costo de desarrollo:
   Todo proyecto urbanístico incorpora en su presupuesto los costos de calles, aceras, drenajes, agua potable, energía eléctrica, áreas verdes y equipamientos básicos. Dichos costos son recuperados en el precio de venta de los solares, apartamentos o casas adquiridos por los propietarios.
2. El carácter público de las infraestructuras:
   • La red eléctrica construida en un residencial debe ser traspasada y gestionada por la distribuidora eléctrica correspondiente (EdeEste, Edenorte o Edesur, según el caso).
   • El sistema de acueducto y alcantarillado corresponde legalmente a instituciones como el INAPA o las corporaciones de acueducto y alcantarillado (CAASD, CORAAPLATA, CORAABO, etc.), previa autorización.
   • La gestión de residuos sólidos es competencia exclusiva de los ayuntamientos, de acuerdo con la Ley 176-07 y la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
3. Cesión obligatoria de áreas comunes y equipamientos:
   En los procesos de aprobación de urbanizaciones y proyectos residenciales, la normativa exige la cesión de áreas para calles, parques y servicios, que automáticamente pasan a ser de dominio público municipal.

En consecuencia, cuando un desarrollador intenta mantener el control y cobrar por el uso de infraestructuras después de vender las propiedades, está incurriendo en una apropiación indebida y en prácticas que contradicen el espíritu de la ley.

Casos excepcionales de urbanizaciones privadas

Existen, no obstante, casos excepcionales en los que la ley admite urbanizaciones privadas, de gestión propia:

1. Urbanizaciones cerradas de acceso restringido:
   • Reconocidas en la Ley 5038-58 bajo la figura de condominio, siempre que existan áreas comunes indivisibles.
   • La administración puede encargarse de la seguridad, mantenimiento de áreas verdes y servicios internos, pero nunca sustituir al Estado en la provisión de agua, electricidad o manejo de residuos sólidos.
2. Proyectos bajo régimen especial aprobado por ordenanzas municipales:
   • Algunos municipios aprueban urbanizaciones privadas donde los residentes asumen ciertos servicios mediante asociaciones o empresas creadas al efecto.
   • En este caso, la administración funciona más como una empresa de servicios, regulada por contratos civiles y comerciales, y no como un condominio.
3. Zonas francas o residenciales turísticos con autorización especial (ej. Cap Cana, Casa de Campo):
   • Creados por leyes o decretos específicos, que les permiten una autogestión de servicios internos.
   • Aun así, estas entidades están sujetas a regulaciones nacionales en materia de agua, energía y medio ambiente.

Deberes de una administración en los casos excepcionales

Cuando una urbanización privada es autorizada por vía legal, la administración que se constituya tiene la obligación de actuar como una empresa de servicios, lo cual implica:

• Contratos claros con los residentes, en los que se especifiquen los servicios, tarifas y derechos.
• Rendición de cuentas periódica, auditada y supervisada.
• No duplicidad de cobros: las cuotas solo pueden cubrir servicios privados que no estén ya a cargo del Estado (ej. seguridad interna, jardinería, mantenimiento de áreas sociales).
• Respeto a las normativas nacionales: aunque sea privada, sigue estando bajo las leyes ambientales, municipales y de servicios públicos.

Esto significa que no se trata de un condominio, sino de una empresa que presta servicios a una comunidad cerrada, con deberes y responsabilidades similares a cualquier proveedor regulado.

Reflexión final

La práctica de mantener urbanizaciones como si fueran feudos privados no solo es ilegal, sino que también perjudica la sostenibilidad urbana. Al retener infraestructuras que deberían integrarse al sistema público, se genera fragmentación, se duplican costos y se limita la integración de los barrios al tejido urbano de la ciudad.

En un país donde las ciudades deben avanzar hacia modelos sostenibles e interconectados, insistir en estas prácticas supone un retroceso. La legislación dominicana contempla excepciones claras y limitadas para urbanizaciones privadas, pero en ningún caso permite que desarrolladores o administradores conviertan en negocio lo que corresponde al dominio público y al derecho ciudadano.

Cierre Editorial: un llamado a la acción impostergable

Lo que hoy observamos en muchos residenciales de Verón–Punta Cana, Bávaro y otras zonas turísticas del país no es una simple diferencia de criterios sobre cuotas de mantenimiento. Estamos frente a un modelo que amenaza la convivencia comunitaria, la transparencia en la gestión y la planificación urbana de nuestras ciudades.

Algunos administradores y desarrolladores han convertido la administración de residenciales en un negocio paralelo, amparado en interpretaciones abusivas de la ley, donde el cobro de cuotas se impone por la fuerza, mientras los servicios brillan por su ausencia. Otros van más lejos y pretenden perpetuar el control de infraestructuras que, por ley, pertenecen al dominio público y deben ser gestionadas por las instituciones correspondientes.

Esta situación no solo afecta el bolsillo de los propietarios, sino que distorsiona la función de los municipios, fragmenta la ciudad en enclaves privados y debilita el acceso equitativo a los servicios básicos. En vez de comunidades sostenibles, se construyen muros legales y financieros que refuerzan la desigualdad y minan la confianza ciudadana.

Por ello, el llamado es claro y urgente:

• A las autoridades nacionales y municipales: a que supervisen, regulen y sancionen estas prácticas, aplicando con firmeza lo que dictan la Ley de Condominios, la Ley 176-07 y la Ley 122-05.
• A los propietarios: a que se informen, conozcan sus derechos y rechacen todo intento de manipulación administrativa que no tenga base legal.
• A los desarrolladores responsables: a que comprendan que la confianza en sus proyectos se construye con transparencia, no con imposiciones que deterioran la imagen del sector inmobiliario.

El futuro de nuestras comunidades no puede quedar en manos de intereses particulares. Las ciudades no se construyen con muros y cuotas abusivas, sino con confianza, equidad y verdadero sentido de lo público.

Hoy, más que nunca, es tiempo de exigir que la ley se cumpla y que las comunidades sean gestionadas en favor de la gente, y no del lucro desmedido de unos pocos.

Por: Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial

Por Samuel Abreu Marcelo –Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial

El ordenamiento territorial municipal es más que un plan: es un pacto colectivo, una herramienta de construcción de futuro desde el territorio mismo.

A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos del avance significativo en los procesos de planificación municipal en la República Dominicana. Nuevas leyes, metodologías participativas y una creciente conciencia local han contribuido a que muchas comunidades comiencen a pensar su desarrollo desde la raíz.

Pero también es cierto que, en paralelo, ha comenzado a evidenciarse una tendencia que merece ser observada críticamente: el diseño o reformulación de planes territoriales desde espacios externos al territorio, con limitada participación local y bajo esquemas técnicos desconectados del proceso original.

 Cuando la técnica se divorcia del territorio

Los marcos legales vigentes —en particular la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial y la Ley 176-07 sobre los gobiernos locales— establecen con claridad el principio de autonomía municipal y la necesidad de construir planes con participación ciudadana efectiva, anclaje territorial y validación institucional local.

La experiencia ha demostrado que cuando un plan se construye sin estas condiciones, su legitimidad se debilita, su implementación se dificulta y su sentido transformador se pierde. El territorio deja de reconocerse en él.

No se trata solo de cumplir la ley, sino de respetar la inteligencia del territorio, su historia, su tejido social y su derecho a decidir su futuro.

 El riesgo de las decisiones externas

Cuando se produce la reformulación o publicación de un instrumento de planificación fuera del entorno territorial, sin continuidad técnica ni social con el proceso original, se abre una peligrosa brecha entre la herramienta y su base social y legal.

Más preocupante aún es cuando los gobiernos locales no son partícipes activos o no son siquiera informados de los cambios que se introducen en los planes que ellos deben adoptar y aplicar.

Esto no solo contradice el marco legal, sino que pone en entredicho los principios más elementales de descentralización y buena gobernanza.

 Llamado a la conciencia: la planificación es corresponsabilidad

Este artículo no busca señalar actores ni señalar con el dedo. Busca invitar a la reflexión:

• A los actores del gobierno central, a recordar que el desarrollo territorial no se impone, se construye desde el diálogo y la legalidad.
• Y a los gobiernos locales, a no abdicar de su rol institucional y político en la defensa del territorio que representan.

La planificación territorial no puede ser una decisión vertical ni un trámite burocrático.
Debe ser un acto de corresponsabilidad, de respeto mutuo, y de profundo compromiso con el presente y el futuro del territorio.

 Un cierre necesario

Frente a esta realidad, es urgente fortalecer el papel de los gobiernos locales, proteger la continuidad técnica de los procesos iniciados, y garantizar que cualquier documento de planificación territorial responda, no a intereses externos, sino a la voluntad construida colectivamente en el territorio.

Porque cuando se planifica lejos del territorio, también se alejan la verdad, la legitimidad y la esperanza.

Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial

La paradoja dominicana

La República Dominicana se encuentra en una encrucijada en materia de construcción. Mientras el mundo avanza hacia la Industria 4.0, con procesos de diseño y construcción basados en digitalización, sostenibilidad y eficiencia, nuestro país continúa anclado en métodos, normativas y programas académicos que responden a necesidades de otra época.

La paradoja es clara: hablamos de competitividad global, de atraer inversión y de desarrollo sostenible, pero nuestro sector construcción opera bajo marcos normativos desfasados y prácticas obsoletas.

Educación y formación rezagada

• La mayoría de los programas de arquitectura e ingeniería no se han actualizado a las nuevas realidades globales.
• Todavía se enseña con un énfasis excesivo en planos 2D y técnicas tradicionales.
• Persiste una escasa formación en BIM, Lean Construction y diseño sostenible.

Mientras universidades en América Latina y Europa ya certifican profesionales en metodologías modernas, en República Dominicana seguimos preparando técnicos bajo esquemas del siglo pasado.

Normativas que no responden al presente

Nuestros códigos de construcción fueron creados en contextos históricos ya superados. Hoy enfrentamos retos mucho más complejos:

•  Aumento del nivel del mar y mayor riesgo en zonas costeras.
•  Deterioro progresivo de infraestructuras públicas por falta de mantenimiento.
• Presión sobre recursos energéticos e hídricos que demandan eficiencia.
•  Exigencias de competitividad internacional para captar inversión en turismo e industrias.

El agravante del sistema de permisos

A esta brecha normativa se suma un problema crónico: el sistema de permisología en la construcción.

• Modelo obsoleto y descentralizado.
• Instituciones con debilidad técnica para responder a la demanda.
• Procesos lentos y burocráticos que generan interminables estancamientos costosos para inversionistas.

En lugar de facilitar el desarrollo, la permisología se convierte en un obstáculo que repercute directamente en la economía nacional. Urge migrar hacia un sistema ágil, digitalizado y transparente, que fomente la inversión y dinamice el sector.

El gran ausente: la obligatoriedad del BIM

La falta de obligatoriedad del Building Information Modeling (BIM) en obras públicas es otra gran deuda.

El BIM garantizaría:
✅ Mejor planificación y control en todas las fases de un proyecto.
✅ Reducción de sobrecostos y eficiencia en el gasto público.
✅ Transparencia en la gestión de proyectos.
✅ Monitoreo del ciclo de vida de la infraestructura, desde diseño hasta operación.

Mientras países como Chile, México, España y Reino Unido ya lo exigen, en República Dominicana seguimos retrasados, observando cómo nuestras infraestructuras se deterioran aceleradamente.

 Riesgo de retroceso como nación

El deterioro de carreteras, puentes, hospitales, acueductos y escuelas públicas no es solo un problema de infraestructura: es un problema de desarrollo nacional.

Llegar a un punto de no retorno en su recuperación significaría un retroceso peligroso, hipotecando la competitividad y la calidad de vida de las futuras generaciones.

No se trata solo de construir nuevas obras: sin atender y modernizar lo existente, hablar de desarrollo es ilusorio.

Reflexión final

La República Dominicana necesita alinear educación, normativa y políticas públicas con los estándares internacionales de la construcción inteligente y sostenible.

El camino es claro:

• Formación moderna.
•  Normativas actualizadas.
•  Obligación del uso de BIM en obras públicas.
•  Mantenimiento adecuado de nuestras infraestructuras existentes.

Todo lo demás es repetir errores del pasado, en un mundo que no espera.

Por: Ing. Samuel Abreu, Mtr. en BIM Management

Por Samuel Abreu Marcelo

República Dominicana se encuentra en la primera línea de vulnerabilidad climática. Fenómenos como lluvias extremas, huracanes, calor intenso y aumento del nivel del mar no son una amenaza lejana: ya están afectando la vida de miles de personas. Sin embargo, gran parte de nuestras edificaciones, residencias y proyectos urbanísticos no están adaptados para enfrentar esta realidad.

Ante este escenario, incorporar el componente climático en la planificación y construcción de edificaciones ya no es una opción: es una necesidad urgente para proteger vidas, inversiones y garantizar el bienestar sostenible de nuestras comunidades.

¿Qué significa construir con enfoque climático?

Implica integrar desde el diseño los criterios necesarios para garantizar que las edificaciones sean resilientes, eficientes y adaptables al entorno climático actual y futuro. Esto se traduce en:

• Selección de materiales adecuados para condiciones climáticas extremas.
• Diseños de techos y drenajes preparados para tormentas más intensas.
• Ubicación de edificaciones fuera de zonas de riesgo.
• Incorporación de ventilación natural para reducir el consumo energético.
• Uso de soluciones pasivas y activas para el manejo del agua y la energía.

¿Por qué debe importarte, aunque no seas constructor?

Porque la adaptación climática de las edificaciones tiene consecuencias directas para todos:

• Si compras una vivienda, debes saber si podrá resistir un evento extremo.
• Si eres promotor, el valor de tu inversión dependerá de su resiliencia.
• Si representas una autoridad local, estás obligado a velar por la seguridad del entorno construido.
• Si eres ciudadano, tu calidad de vida se define en gran parte por el entorno donde vives y trabajas.

Lo que dice el marco legal dominicano

Tanto la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, como su Reglamento (Decreto Núm. 396-25), establecen como principio esencial que la planificación territorial debe considerar el cambio climático y la gestión de riesgos.

Esto significa que en adelante, ningún proyecto urbanístico o de infraestructura podrá ignorar esta variable si quiere cumplir con la normativa y acceder a aprobaciones oficiales.

Urbanismo y resiliencia: una responsabilidad compartida

El cambio climático no espera. Y las decisiones que tomamos hoy sobre cómo construimos nuestras viviendas, escuelas, hoteles, hospitales o parques definirán nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar como sociedad.

Desde mi experiencia técnica en planificación territorial e infraestructuras sostenibles, propongo un compromiso conjunto:

• Autoridades: Incorporar exigencias técnicas climáticas en procesos de aprobación y permisos.
• Profesionales del diseño y construcción: Adoptar enfoques de sostenibilidad y resiliencia en cada proyecto.
• Ciudadanía e inversionistas: Demandar edificaciones preparadas, eficientes y adaptadas al entorno.

Conclusión

Resiliencia no es un gasto extra, es una inversión en seguridad, salud, valor y bienestar.
Enfrentar el cambio climático desde la arquitectura y el urbanismo es apostar por una República Dominicana más fuerte, más justa y preparada para el futuro.

Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial