La paradoja dominicana

La República Dominicana se encuentra en una encrucijada en materia de construcción. Mientras el mundo avanza hacia la Industria 4.0, con procesos de diseño y construcción basados en digitalización, sostenibilidad y eficiencia, nuestro país continúa anclado en métodos, normativas y programas académicos que responden a necesidades de otra época.

La paradoja es clara: hablamos de competitividad global, de atraer inversión y de desarrollo sostenible, pero nuestro sector construcción opera bajo marcos normativos desfasados y prácticas obsoletas.

Educación y formación rezagada

• La mayoría de los programas de arquitectura e ingeniería no se han actualizado a las nuevas realidades globales.
• Todavía se enseña con un énfasis excesivo en planos 2D y técnicas tradicionales.
• Persiste una escasa formación en BIM, Lean Construction y diseño sostenible.

Mientras universidades en América Latina y Europa ya certifican profesionales en metodologías modernas, en República Dominicana seguimos preparando técnicos bajo esquemas del siglo pasado.

Normativas que no responden al presente

Nuestros códigos de construcción fueron creados en contextos históricos ya superados. Hoy enfrentamos retos mucho más complejos:

•  Aumento del nivel del mar y mayor riesgo en zonas costeras.
•  Deterioro progresivo de infraestructuras públicas por falta de mantenimiento.
• Presión sobre recursos energéticos e hídricos que demandan eficiencia.
•  Exigencias de competitividad internacional para captar inversión en turismo e industrias.

El agravante del sistema de permisos

A esta brecha normativa se suma un problema crónico: el sistema de permisología en la construcción.

• Modelo obsoleto y descentralizado.
• Instituciones con debilidad técnica para responder a la demanda.
• Procesos lentos y burocráticos que generan interminables estancamientos costosos para inversionistas.

En lugar de facilitar el desarrollo, la permisología se convierte en un obstáculo que repercute directamente en la economía nacional. Urge migrar hacia un sistema ágil, digitalizado y transparente, que fomente la inversión y dinamice el sector.

El gran ausente: la obligatoriedad del BIM

La falta de obligatoriedad del Building Information Modeling (BIM) en obras públicas es otra gran deuda.

El BIM garantizaría:
✅ Mejor planificación y control en todas las fases de un proyecto.
✅ Reducción de sobrecostos y eficiencia en el gasto público.
✅ Transparencia en la gestión de proyectos.
✅ Monitoreo del ciclo de vida de la infraestructura, desde diseño hasta operación.

Mientras países como Chile, México, España y Reino Unido ya lo exigen, en República Dominicana seguimos retrasados, observando cómo nuestras infraestructuras se deterioran aceleradamente.

 Riesgo de retroceso como nación

El deterioro de carreteras, puentes, hospitales, acueductos y escuelas públicas no es solo un problema de infraestructura: es un problema de desarrollo nacional.

Llegar a un punto de no retorno en su recuperación significaría un retroceso peligroso, hipotecando la competitividad y la calidad de vida de las futuras generaciones.

No se trata solo de construir nuevas obras: sin atender y modernizar lo existente, hablar de desarrollo es ilusorio.

Reflexión final

La República Dominicana necesita alinear educación, normativa y políticas públicas con los estándares internacionales de la construcción inteligente y sostenible.

El camino es claro:

• Formación moderna.
•  Normativas actualizadas.
•  Obligación del uso de BIM en obras públicas.
•  Mantenimiento adecuado de nuestras infraestructuras existentes.

Todo lo demás es repetir errores del pasado, en un mundo que no espera.

Por: Ing. Samuel Abreu, Mtr. en BIM Management

Por Samuel Abreu Marcelo

República Dominicana se encuentra en la primera línea de vulnerabilidad climática. Fenómenos como lluvias extremas, huracanes, calor intenso y aumento del nivel del mar no son una amenaza lejana: ya están afectando la vida de miles de personas. Sin embargo, gran parte de nuestras edificaciones, residencias y proyectos urbanísticos no están adaptados para enfrentar esta realidad.

Ante este escenario, incorporar el componente climático en la planificación y construcción de edificaciones ya no es una opción: es una necesidad urgente para proteger vidas, inversiones y garantizar el bienestar sostenible de nuestras comunidades.

¿Qué significa construir con enfoque climático?

Implica integrar desde el diseño los criterios necesarios para garantizar que las edificaciones sean resilientes, eficientes y adaptables al entorno climático actual y futuro. Esto se traduce en:

• Selección de materiales adecuados para condiciones climáticas extremas.
• Diseños de techos y drenajes preparados para tormentas más intensas.
• Ubicación de edificaciones fuera de zonas de riesgo.
• Incorporación de ventilación natural para reducir el consumo energético.
• Uso de soluciones pasivas y activas para el manejo del agua y la energía.

¿Por qué debe importarte, aunque no seas constructor?

Porque la adaptación climática de las edificaciones tiene consecuencias directas para todos:

• Si compras una vivienda, debes saber si podrá resistir un evento extremo.
• Si eres promotor, el valor de tu inversión dependerá de su resiliencia.
• Si representas una autoridad local, estás obligado a velar por la seguridad del entorno construido.
• Si eres ciudadano, tu calidad de vida se define en gran parte por el entorno donde vives y trabajas.

Lo que dice el marco legal dominicano

Tanto la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, como su Reglamento (Decreto Núm. 396-25), establecen como principio esencial que la planificación territorial debe considerar el cambio climático y la gestión de riesgos.

Esto significa que en adelante, ningún proyecto urbanístico o de infraestructura podrá ignorar esta variable si quiere cumplir con la normativa y acceder a aprobaciones oficiales.

Urbanismo y resiliencia: una responsabilidad compartida

El cambio climático no espera. Y las decisiones que tomamos hoy sobre cómo construimos nuestras viviendas, escuelas, hoteles, hospitales o parques definirán nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar como sociedad.

Desde mi experiencia técnica en planificación territorial e infraestructuras sostenibles, propongo un compromiso conjunto:

• Autoridades: Incorporar exigencias técnicas climáticas en procesos de aprobación y permisos.
• Profesionales del diseño y construcción: Adoptar enfoques de sostenibilidad y resiliencia en cada proyecto.
• Ciudadanía e inversionistas: Demandar edificaciones preparadas, eficientes y adaptadas al entorno.

Conclusión

Resiliencia no es un gasto extra, es una inversión en seguridad, salud, valor y bienestar.
Enfrentar el cambio climático desde la arquitectura y el urbanismo es apostar por una República Dominicana más fuerte, más justa y preparada para el futuro.

Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial

El crecimiento inmobiliario sin planificación urbana: ¿desarrollo o trampa de insostenibilidad?

En muchos territorios en auge, como Verón Punta Cana, el crecimiento inmobiliario avanza a un ritmo vertiginoso. Cientos de millones de dólares se invierten cada año en edificaciones verticales y nuevos complejos residenciales. Sin embargo, esta bonanza en construcción contrasta peligrosamente con la ausencia de una planificación urbana e infraestructural integral.

Desarrollar sin planificar, levantar edificios sin prever servicios, diseñar ciudades sin pensar en las personas: eso es sembrar caos urbano. Y no es una metáfora. Las consecuencias de este enfoque se manifiestan con rapidez y crudeza:

• Colapsos viales,
• Saturación de los servicios básicos,
• Aumento de las desigualdades espaciales y sociales,
• Inseguridad ciudadana,
• Degradación del entorno natural,
• y una presión financiera insostenible para los gobiernos locales.

¿Quién gana y quién pierde?

A corto plazo, los proyectos pueden ser rentables. Pero en el mediano y largo plazo, todos pierden:

El ciudadano pierde calidad de vida.
El Estado pierde gobernabilidad urbana.
El desarrollador pierde valor en sus inversiones por falta de entorno.
La ciudad pierde identidad, cohesión y resiliencia.

Este modelo de crecimiento —basado en la edificación sin ciudad— termina trasladando a la esfera privada derechos que deberían ser garantizados por el Estado: acceso a servicios, movilidad digna, espacio público, seguridad y cultura urbana.

Y así, vivir con servicios básicos garantizados se convierte en un lujo, mientras que vivir en comunidad, con equidad, es una excepción.

¿Qué urge hacer?

1. Desarrolladores e inversionistas deben entender que construir no es solo levantar paredes: es también contribuir a construir ciudad. Y esto exige asumir corresponsabilidad en temas como movilidad, conectividad vial, sostenibilidad ambiental, integración sociocultural y provisión de servicios.
2. Gobiernos locales deben dejar de ser simples ventanillas de aprobación técnica. Es hora de que ejerzan su rol como gestores del territorio, y que condicionen los permisos a un cumplimiento real de planes de ordenamiento, normativas urbanas y criterios de sostenibilidad.
3. La sociedad civil debe exigir más que viviendas o plazas comerciales: debe reclamar entornos urbanos justos, seguros, funcionales y resilientes.
4. La clase política debe dejar de celebrar solo el número de habitaciones, techos o torres. La verdadera medida del desarrollo está en cuánto mejora la vida de las personas y cuánto resiste una ciudad ante los desafíos ambientales, económicos o sociales.

La ciudad como proyecto colectivo

No hay ciudad funcional sin planificación. Y no hay planificación sin diálogo. Es momento de sentarse en una misma mesa: técnicos, autoridades, empresarios y comunidad. No para detener la inversión, sino para orientarla correctamente.

La solución no está en frenar el desarrollo inmobiliario, sino en hacerlo bien hecho, bien ubicado y bien conectado. Construir con criterio urbano es, al final, construir valor. Un valor que se sostiene se proyecta y se devuelve en calidad de vida para todos.

Cuando los castillos de oro se hunden en el mar del desorden urbano

Uno de los errores más costosos —y a menudo ignorados— en el auge del desarrollo inmobiliario actual, es el hecho de que muchos inversionistas proyectan sus proyectos como piezas aisladas, sin una conexión funcional con una visión de ciudad. Cada conjunto residencial, cada complejo hotelero, cada torre o centro comercial, crece como una isla autosuficiente, pero desconectada del entorno. El resultado es un territorio fragmentado, sin alma urbana, donde la inversión florece dentro de sus muros, pero el caos avanza fuera de ellos.

Cuando se urbaniza sin planificación urbana integrada, la consecuencia es la arrabalización del entorno inmediato: calles colapsadas, servicios públicos insuficientes, inseguridad creciente, informalidad, contaminación y deterioro de la calidad de vida. A la larga, incluso el valor de los desarrollos más lujosos se ve afectado por el contexto hostil que los rodea. Los “castillos de oro” terminan sitiados por el desorden urbano, y venderlos se vuelve más difícil cuando hay que justificar precios premium en un entorno caótico.

No se trata de detener la inversión, sino de alinearla con una visión compartida de ciudad. Cuando las fortalezas económicas del sector privado se articulan con una estrategia urbana integral, no solo se construyen proyectos, se construye marca ciudad. Esto facilita la atracción de inversiones, el turismo de calidad, la estabilidad social y la sostenibilidad ambiental.

Planificar en conjunto, entre autoridades, empresarios y ciudadanía, reduce costos futuros, evita conflictos y garantiza que los beneficios del desarrollo sean sostenibles para todos. Porque no basta con proyectar números de habitaciones o metros cuadrados construidos: también es indispensable proyectar conectividad, seguridad, movilidad, identidad cultural, sostenibilidad ambiental y equidad urbana.

Al final, la gran pregunta no es cuánto se está invirtiendo en construir edificios, sino qué tipo de ciudad estamos construyendo alrededor de ellos.

Por: Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial

Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes

Verón-Punta Cana atraviesa una crisis silenciosa que, a diario, amenaza la vida de sus ciudadanos: el caos vial. Cada mañana, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades con la incertidumbre de no saber si regresarán con bien a sus hogares. Esta no es una exageración, es una realidad que vivimos quienes nos desplazamos por calles mal planificadas, saturadas, sin regulación ni respeto por las normas más básicas de tránsito.

El problema es estructural, pero no imposible de resolver. Y para ello se requiere voluntad, visión técnica y compromiso ciudadano. En primer lugar, es urgente que las autoridades locales y nacionales tomen la decisión de implementar la malla vial propuesta en el documento de consulta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón Punta Cana. Ese documento no es solo una propuesta técnica, es una hoja de ruta para salir del desorden actual y garantizar una movilidad más segura, fluida y humana.

Sin embargo, el POT no puede quedarse solo en el papel. La ejecución debe complementarse con el cumplimiento de criterios ya establecidos en la Ley de Urbanización y Ornato Público, que desde hace décadas exige que todo desarrollo urbano contemple soluciones viarias adecuadas. El acelerado crecimiento inmobiliario en Verón Punta Cana está siendo alimentado por proyectos habitacionales que no garantizan conectividad, ni accesos seguros, ni planificación vial. Esto es insostenible.

Además, las instituciones responsables del cumplimiento de las normas de tránsito deben fiscalizar con un objetivo claro: educar y ordenar, no simplemente recaudar. Es momento de aplicar un régimen de consecuencias reales para quienes violan las normas y ponen en riesgo la vida de los demás. La falta de disciplina y la permisividad han creado una cultura vial peligrosa, que solo cambiará si se imponen límites firmes.

A esto se suma otra obligación ineludible: garantizar las señalizaciones viales requeridas por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Las autoridades competentes deben instalar, mantener y supervisar las señales adecuadas en las vías públicas. Estas no solo orientan el tránsito, también cumplen una función educativa permanente, recordando a conductores y peatones cómo deben actuar en el espacio vial. Exigir cumplimiento sin garantizar señalización es una contradicción; por tanto, un entorno bien señalizado contribuye activamente a reducir excusas, mejorar la conducta en la vía y salvar vidas.

Pero también hay que decirlo: los conductores tenemos una cuota de responsabilidad. No todo depende del Estado. En esta red vial colapsada y caótica, el mínimo gesto de cortesía, la autorregulación y el respeto a los demás pueden marcar la diferencia entre llegar con vida… o no.

Un hecho ocurrido recientemente en la transitada Avenida Barceló lo deja claro. Una ambulancia quedó atrapada detrás de una “guagüita” del transporte público que, en su intento por evadir el congestionamiento, bloqueó el carril de emergencia. El vehículo de salud tuvo que detenerse, perdiendo segundos que pudieron ser vitales. ¿Cuántas veces más veremos escenas como esta sin que nada cambie?

No podemos seguir respondiendo a un problema colectivo con soluciones individuales. Si cada quien sigue resolviendo sus urgencias por cuenta propia —adelantando de forma imprudente, invadiendo carriles, rompiendo normas— terminaremos destruyéndonos entre nosotros.

El reto es enorme, sí, pero no imposible. La tecnología, la planificación moderna y la experiencia internacional ya nos ofrecen soluciones innovadoras. Lo que falta es que las autoridades políticas confíen más en los técnicos, en las propuestas serias y sostenibles. Y que la ciudadanía entienda que el respeto por la movilidad es, en esencia, respeto por la vida.

Soluciones integrales desde la experiencia técnica
Con base en mis competencias como Máster en Infraestructuras Urbanas Inteligentes y Urbanismo Sostenible, Máster en BIM Management en Infraestructuras y Técnico en Planificación Territorial, propongo un conjunto de soluciones prácticas y aplicables en Verón Punta Cana:

1. Implementación de un modelo digital BIM para la infraestructura vial: Esto permitirá simular, coordinar y planificar la ejecución de la red vial desde el diseño hasta la operación, optimizando costos, tiempos y calidad.
2. Jerarquización funcional de la red vial urbana: Reestructurar las vías existentes en función de su nivel de servicio, movilidad y conexión, asignando funciones específicas (troncales, colectoras, locales) y priorizando la movilidad segura.
3. Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS): Integrar caminabilidad, transporte público, ciclovías y tecnología de semaforización inteligente, reduciendo la dependencia del vehículo privado.
4. Microsimulaciones de tráfico: Usar herramientas digitales para modelar el comportamiento del flujo vehicular actual, evaluar escenarios de mejora y evitar soluciones improvisadas.
5. Revisión y aplicación del reglamento de desarrollo urbano: Condicionar nuevos permisos de construcción a la conexión con la red vial estructurada y la provisión de equipamiento público vial.
6. Educación vial con apoyo en datos: Lanzar campañas comunitarias basadas en evidencia sobre las principales causas de accidentes y malas prácticas, promoviendo un cambio cultural.

Verón Punta Cana merece moverse en paz.
Y ese cambio empieza hoy.

Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación y Ordenamiento Territorial