Tuve la oportunidad de participar como invitado en la primera edición del Foro Punta Cana 2026, “El país que viene”, una iniciativa que merece ser valorada por algo especialmente importante: reunir en un mismo espacio voces del sector público, empresarial, económico, judicial y legislativo para conversar sobre asuntos que inciden directamente en el futuro de la República Dominicana.

El encuentro, organizado por GALA Media Group, dedicó sus principales conversaciones a dos grandes temas: infraestructura e inversión, y legislación y seguridad jurídica. La jornada reunió autoridades, especialistas, empresarios, legisladores y representantes del Poder Judicial alrededor de una pregunta común: qué condiciones necesita el país para sostener su desarrollo en los próximos años.

Más que intentar resumir las múltiples posiciones expresadas durante el evento, quisiera compartir algunas reflexiones que surgieron a partir de ellas y que, desde mi experiencia profesional vinculada a infraestructura, construcción y planificación territorial, considero particularmente relevantes.

La infraestructura puede ser motor, pero el momento importa

Una de las preguntas planteadas durante el foro fue si la infraestructura constituye un freno o un motor para el desarrollo.

Probablemente pueda ser ambas cosas.

Cuando la infraestructura llega antes o acompaña oportunamente el crecimiento, puede habilitar inversiones, conectar mercados, reducir costos, mejorar la productividad y abrir nuevas oportunidades.

Cuando llega después de que la necesidad se ha acumulado, su función cambia: en lugar de habilitar desarrollo, comienza a intentar resolver déficits existentes.

Durante el panel se habló precisamente de la necesidad de planificación y de infraestructura capaz de anticiparse al crecimiento. Jean Luis Rodríguez destacó la importancia de una visión que trascienda las necesidades inmediatas, mientras Milagros De Camps puso como ejemplo el papel de infraestructuras que deben estar disponibles antes de que se materialice plenamente la demanda.

Esta reflexión me parece fundamental.

No siempre podremos prever exactamente dónde aparecerá una necesidad. Pero existen muchos casos en los que las tendencias económicas, demográficas y territoriales ya nos permiten saber hacia dónde se dirige el crecimiento.

Y ahí surge una pregunta importante:

si sabemos que la necesidad llegará, ¿podemos comenzar a preparar la infraestructura antes de que llegue la urgencia?

La planificación de largo plazo permite identificar corredores futuros, necesidades energéticas, nuevas demandas de agua y saneamiento, sistemas logísticos y conexiones territoriales antes de que el costo económico, social y físico de ejecutarlos sea considerablemente mayor.

En este sentido, la infraestructura no debería entenderse únicamente como respuesta a la demanda.

También puede ser un instrumento para orientar el desarrollo.

No todas las infraestructuras deben analizarse de la misma manera

Otra reflexión que considero importante introducir es la diferencia entre infraestructura convencional e infraestructura estratégica.

Hay obras cuya justificación puede analizarse principalmente a partir de demanda, rentabilidad, tránsito o número de beneficiarios.

Pero existen otras cuya importancia supera esos indicadores.

Puertos, aeropuertos, corredores logísticos, sistemas energéticos, telecomunicaciones, abastecimiento de agua y determinadas conexiones viales tienen implicaciones sobre la capacidad de funcionamiento de todo el país.

Esto adquiere una dimensión particular en República Dominicana debido a nuestra condición insular.

Gran parte de nuestra relación física con la economía internacional depende de nuestros puertos y aeropuertos. El turismo, las exportaciones, el abastecimiento y múltiples cadenas productivas dependen de infraestructuras cuya continuidad operacional resulta esencial.

Por tanto, además de preguntarnos cuánto cuesta una infraestructura o cuánta demanda atiende actualmente, quizás debamos incorporar otras preguntas:

¿Qué ocurre si esa infraestructura deja temporalmente de funcionar?

¿Existe una alternativa?

¿Cuánto tiempo tardaría el sistema en recuperarse?

¿Qué actividad económica depende de ella?

Este enfoque introduce dos conceptos fundamentales: resiliencia y redundancia.

En determinadas infraestructuras críticas, disponer de alternativas no necesariamente representa duplicación innecesaria.

Puede representar seguridad económica.

Por eso considero que nuestra condición insular debería formar parte de la planificación nacional de infraestructura.

En una isla, la redundancia de determinadas infraestructuras puede ser una forma de resiliencia.

Infraestructura y territorio no pueden planificarse por separado

Existe también una relación que deberíamos fortalecer progresivamente: la existente entre infraestructura y ocupación territorial.

Cada nueva urbanización, hotel, complejo residencial, instalación industrial o centro comercial introduce nuevas demandas sobre el territorio.

Genera viajes.

Consume agua y energía.

Produce aguas residuales y residuos.

Necesita drenaje.

Requiere accesibilidad.

Y modifica el comportamiento futuro del entorno.

Por eso, mientras más rápido crece una zona, más importante resulta que las decisiones sobre infraestructura y las decisiones sobre uso del suelo formen parte de una misma conversación.

Punta Cana constituye probablemente uno de nuestros mejores laboratorios para observar esta relación.

Su extraordinaria capacidad para atraer inversión turística e inmobiliaria ha transformado el territorio en pocas décadas.

El desafío ahora consiste en garantizar que infraestructura, servicios y ordenamiento territorial puedan evolucionar con una velocidad compatible con ese crecimiento.

En estos escenarios, la pregunta ya no debería ser únicamente:

¿qué infraestructura necesitamos hoy?

También:

¿qué infraestructura necesitaremos para soportar el desarrollo que ya sabemos que viene?

La tecnología puede ayudarnos a anticiparnos

Afortunadamente, las herramientas disponibles para responder estas preguntas son cada vez mejores.

Los sistemas de información geográfica, BIM, imágenes satelitales, sensores, modelos de movilidad y bases de datos territoriales permiten analizar escenarios que hace algunas décadas resultaban mucho más difíciles de representar.

En construcción utilizamos BIM, entre otras cosas, para identificar interferencias antes de ejecutar una obra.

Podemos descubrir una incompatibilidad entre una estructura y una instalación antes de llegar al terreno.

Me parece interesante trasladar progresivamente esa lógica a la escala territorial.

Antes de desarrollar determinados sectores podríamos analizar conjuntamente vialidad, drenaje, riesgos, redes de servicios, densidades, medio ambiente y proyectos previstos.

Una especie de detección anticipada de interferencias territoriales.

El objetivo no sería sustituir la decisión humana mediante tecnología.

Sería tomar mejores decisiones humanas utilizando mejor información.

Seguridad jurídica: también importa saber qué ocurrirá alrededor de una inversión

El segundo gran eje del foro estuvo dedicado a legislación y seguridad jurídica, elementos indispensables para cualquier economía que aspire a atraer y mantener inversión de largo plazo.

Aquí quisiera agregar una dimensión vinculada directamente con la planificación territorial.

Tradicionalmente, cuando hablamos de seguridad jurídica de una inversión pensamos correctamente en propiedad, contratos, permisos, procedimientos y garantías institucionales.

Pero una inversión inmobiliaria, turística, industrial o logística que se proyecta durante veinte o treinta años también necesita previsibilidad territorial.

El inversionista necesita conocer con suficiente claridad:

qué puede desarrollarse en un suelo;

cuáles usos son compatibles;

qué densidad corresponde;

qué restricciones existen;

qué infraestructuras están previstas;

qué derechos de vía deben preservarse;

y cuáles son las reglas básicas que orientarán la evolución futura del entorno.

Esto no significa que un territorio deba permanecer inmóvil.

Las ciudades cambian y los instrumentos de planificación también deben poder adaptarse.

Lo importante es que esos cambios se produzcan dentro de reglas conocidas, procedimientos transparentes y criterios verificables.

Ahí existe una relación directa entre ordenamiento territorial y seguridad jurídica.

Un buen instrumento territorial no debería limitarse a regular.

También debería reducir incertidumbre.

Para un propietario significa conocer con claridad qué puede hacer con su inmueble.

Para un desarrollador, conocer anticipadamente las condiciones que deberá cumplir.

Para una institución financiera, disponer de información adicional para evaluar riesgos.

Y para el Estado, reducir espacios de discrecionalidad y conflictos posteriores.

En ese sentido, una idea que me parece especialmente importante es esta:

la seguridad jurídica de una inversión también comienza en el mapa.

Reglas claras de ocupación territorial no solamente contribuyen a construir mejores ciudades.

También pueden convertirse en una ventaja competitiva para atraer inversión de largo plazo.

Planificar también es proteger la inversión

Una de las conclusiones que me deja el Foro Punta Cana es que infraestructura, inversión, planificación y seguridad jurídica probablemente deban discutirse cada vez menos como asuntos independientes.

Una buena infraestructura aumenta competitividad.

Una planificación territorial adecuada permite utilizarla mejor.

Reglas claras reducen incertidumbre.

Y la seguridad jurídica genera confianza para invertir.

Son piezas de un mismo sistema.

Por eso resulta valioso que espacios como el Foro Punta Cana permitan colocar estas conversaciones en una misma mesa.

El reto posterior es convertir el diálogo en una cultura permanente de planificación, coordinación y anticipación.

La República Dominicana seguirá creciendo.

Punta Cana también.

La verdadera oportunidad consiste en que ese crecimiento encuentre delante de sí infraestructura preparada, instituciones coordinadas y reglas territoriales suficientemente claras para permitir que ciudadanos e inversionistas puedan tomar decisiones con mayor certeza.

Quizás ahí exista una buena síntesis de los dos grandes temas discutidos durante la jornada:

la infraestructura crea condiciones para el desarrollo y la seguridad jurídica crea confianza para invertir.

Y entre ambas existe un elemento que no deberíamos olvidar:

un territorio planificado permite que las dos funcionen mejor.

La República Dominicana cuenta desde 2022 con la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, una legislación moderna diseñada precisamente para:

• organizar el crecimiento,
• coordinar planificación nacional, regional y municipal,
• ordenar el uso del suelo,
• proteger recursos estratégicos,
• y promover desarrollo sostenible.

Entonces, la pregunta es directa:

¿Por qué esta ley aún no se ha implementado con la urgencia y rigurosidad que el país necesita?

¿Por qué seguimos viendo crecimiento desarticulado cuando ya existe un marco jurídico que obliga a planificar?

Porque una ley sin ejecución es solo papel.
Y un país sin planificación efectiva es solo improvisación institucionalizada.

La planificación no es política: es técnica

El ordenamiento territorial no es un ejercicio ideológico ni partidista.
Es una ciencia multidisciplinaria que integra:

• ingeniería,
• urbanismo,
• economía,
• medio ambiente,
• sociología,
• gestión pública,
• datos y prospectiva.

Por eso, su implementación no puede depender únicamente de criterios políticos.

Debe estar bajo la responsabilidad de técnicos con competencias probadas, experiencia y formación especializada.

Cuando decisiones territoriales complejas se toman sin base técnica:

• se desperdician recursos,
• se multiplican errores costosos,
• y se compromete el futuro de generaciones enteras.

La planificación estratégica requiere profesionales, no improvisación.

El rol del ciudadano: votar también es planificar

Este debate no es solo de expertos.

También interpela al ciudadano común.

Porque cada ciclo electoral se escuchan promesas:

• más obras,
• más proyectos,
• más construcción.

Pero casi nunca se escucha:

• cómo se integrarán,
• bajo qué modelo territorial,
• con qué planificación técnica,
• con qué sostenibilidad financiera y ambiental.

El ciudadano tiene hoy una responsabilidad clave:

filtrar propuestas.

Preguntar:

• ¿existe un plan territorial?
• ¿hay sustento técnico?
• ¿se habla de ordenamiento, movilidad, agua, servicios, sostenibilidad?
• ¿o solo de obras aisladas?

Votar también es elegir entre planificación o improvisación.

La planificación debe ser política de Estado, no de turno

Otro error recurrente es subordinar la estrategia nacional a la agenda del gobierno de turno.

Cada administración redefine prioridades.
Cada gestión reinventa planes.
Cada período político empieza de cero.

Así ningún país avanza.

La planificación territorial debe ser:

• estable,
• técnica,
• continua,
• y respetada más allá de ciclos electorales.

Debe ser una política de Estado, no una herramienta política.

Porque cuando lo político se impone sobre lo técnico, el territorio paga las consecuencias.

La verdadera amenaza al desarrollo

La mayor amenaza para el progreso dominicano no es la falta de inversión extranjera.
No es la falta de talento.
No es la falta de oportunidades.

Es más silenciosa:

ser dirigidos por autoridades que no entienden que sin infraestructura estratégicamente planificada no hay desarrollo sostenible.

Los países que hoy admiramos no crecieron improvisando.

Planificaron primero.
Construyeron después.

 Planificar hoy ya no es intuición: es ciencia y tecnología

Pero hay otro elemento que el debate público casi nunca menciona, y que resulta decisivo en el siglo XXI.

Hoy planificar ya no depende únicamente de estudios tradicionales o diagnósticos generales.
Hoy planificar es, ante todo, gestionar información en tiempo real.

La buena noticia es que la República Dominicana ya no necesita adivinar su desarrollo territorial.

La tecnología actual permite tomar decisiones basadas en datos, no en improvisación.

Hoy existen herramientas que hace apenas diez años eran impensables para la gestión pública:

• BIM (Building Information Modeling) para simular infraestructuras antes de construirlas.
• GIS (Sistemas de Información Geográfica) para mapear con precisión el uso del suelo, servicios y riesgos.
• Datos LiDAR y fotogrametría para modelar ciudades y territorios en 3D con exactitud centimétrica.
• IoT (sensores inteligentes) para monitorear agua, tránsito, energía y residuos en tiempo real.
• Big Data y analítica predictiva para anticipar crecimiento, demanda de servicios y movilidad.

Con estas herramientas, los errores ya no deberían costar millones.

Se pueden:

• simular escenarios antes de invertir,
• proyectar tráfico antes de construir vías,
• calcular demanda de agua antes de expandir barrios,
• anticipar riesgos ambientales antes de urbanizar,
• y optimizar recursos públicos con base técnica.

Es decir, la improvisación dejó de tener justificación.

Hoy, cuando una obra se ejecuta sin estudios, sin datos y sin modelación, no es por falta de herramientas.

Es por falta de gestión.

El reto no es tecnológico, es humano

Sin embargo, disponer de tecnología no es suficiente.

El verdadero desafío está en las capacidades del Estado.

De poco sirve contar con leyes modernas y herramientas digitales si:

• el personal técnico no está capacitado,
• los equipos municipales no dominan estas metodologías,
• la administración pública no se actualiza,
• o si la toma de decisiones sigue dependiendo únicamente de criterios políticos.

El desarrollo sostenible del país exige algo más profundo:

modernizar las competencias del capital humano del sector público.

Necesitamos:

• técnicos formados en planificación territorial moderna,
• profesionales en datos y modelación,
• gestores urbanos digitales,
• ingenieros y urbanistas capacitados en BIM–GIS,
• equipos municipales con habilidades tecnológicas reales.

Porque la ciudad del siglo XXI no se gestiona con herramientas del siglo XX.

Planificar con datos es gobernar con responsabilidad

Los países que hoy avanzan entendieron algo esencial:

no se planifica por intuición,
no se planifica por ocurrencias,
no se planifica por presión política.

Se planifica con evidencia.

Con datos.

Con simulaciones.

Con ciencia.

La tecnología ya existe.
El conocimiento ya existe.
Los marcos legales ya existen.

Lo único que falta es decisión institucional para utilizarlos.

Una oportunidad histórica para el proyecto país

La República Dominicana tiene hoy una oportunidad extraordinaria:

combinar legislación moderna, inversión creciente y tecnología disponible para dar el salto hacia una gestión territorial inteligente.

Pero ese salto no ocurrirá solo.

Requiere liderazgo técnico, profesionalización del Estado y visión de largo plazo.

Porque en esta época, gobernar sin datos no es solo ineficiente.

Es irresponsable.

Una reflexión final

La República Dominicana no necesita solo más obras.
Necesita mejores decisiones.

No necesita más anuncios.
Necesita más planificación.

No necesita improvisación.
Necesita visión de largo plazo.

Porque al final, el desarrollo no depende de cuánto se construya,
sino de qué tan inteligentemente se planifique lo que se construye.

Sin planificación, no hay progreso.
Solo crecimiento frágil.

Y el crecimiento frágil nunca dura.

Por: Samuel Abreu Marcelo: Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes / Máster BIM Internacional en Infraestructuras / Especialista en Ordenamiento Territorial / Docente de Metodología BIM y SIG aplicados al Ordenamiento Territorial con Inteligencia Artificia