Tuve la oportunidad de participar como invitado en la primera edición del Foro Punta Cana 2026, “El país que viene”, una iniciativa que merece ser valorada por algo especialmente importante: reunir en un mismo espacio voces del sector público, empresarial, económico, judicial y legislativo para conversar sobre asuntos que inciden directamente en el futuro de la República Dominicana.

El encuentro, organizado por GALA Media Group, dedicó sus principales conversaciones a dos grandes temas: infraestructura e inversión, y legislación y seguridad jurídica. La jornada reunió autoridades, especialistas, empresarios, legisladores y representantes del Poder Judicial alrededor de una pregunta común: qué condiciones necesita el país para sostener su desarrollo en los próximos años.

Más que intentar resumir las múltiples posiciones expresadas durante el evento, quisiera compartir algunas reflexiones que surgieron a partir de ellas y que, desde mi experiencia profesional vinculada a infraestructura, construcción y planificación territorial, considero particularmente relevantes.

La infraestructura puede ser motor, pero el momento importa

Una de las preguntas planteadas durante el foro fue si la infraestructura constituye un freno o un motor para el desarrollo.

Probablemente pueda ser ambas cosas.

Cuando la infraestructura llega antes o acompaña oportunamente el crecimiento, puede habilitar inversiones, conectar mercados, reducir costos, mejorar la productividad y abrir nuevas oportunidades.

Cuando llega después de que la necesidad se ha acumulado, su función cambia: en lugar de habilitar desarrollo, comienza a intentar resolver déficits existentes.

Durante el panel se habló precisamente de la necesidad de planificación y de infraestructura capaz de anticiparse al crecimiento. Jean Luis Rodríguez destacó la importancia de una visión que trascienda las necesidades inmediatas, mientras Milagros De Camps puso como ejemplo el papel de infraestructuras que deben estar disponibles antes de que se materialice plenamente la demanda.

Esta reflexión me parece fundamental.

No siempre podremos prever exactamente dónde aparecerá una necesidad. Pero existen muchos casos en los que las tendencias económicas, demográficas y territoriales ya nos permiten saber hacia dónde se dirige el crecimiento.

Y ahí surge una pregunta importante:

si sabemos que la necesidad llegará, ¿podemos comenzar a preparar la infraestructura antes de que llegue la urgencia?

La planificación de largo plazo permite identificar corredores futuros, necesidades energéticas, nuevas demandas de agua y saneamiento, sistemas logísticos y conexiones territoriales antes de que el costo económico, social y físico de ejecutarlos sea considerablemente mayor.

En este sentido, la infraestructura no debería entenderse únicamente como respuesta a la demanda.

También puede ser un instrumento para orientar el desarrollo.

No todas las infraestructuras deben analizarse de la misma manera

Otra reflexión que considero importante introducir es la diferencia entre infraestructura convencional e infraestructura estratégica.

Hay obras cuya justificación puede analizarse principalmente a partir de demanda, rentabilidad, tránsito o número de beneficiarios.

Pero existen otras cuya importancia supera esos indicadores.

Puertos, aeropuertos, corredores logísticos, sistemas energéticos, telecomunicaciones, abastecimiento de agua y determinadas conexiones viales tienen implicaciones sobre la capacidad de funcionamiento de todo el país.

Esto adquiere una dimensión particular en República Dominicana debido a nuestra condición insular.

Gran parte de nuestra relación física con la economía internacional depende de nuestros puertos y aeropuertos. El turismo, las exportaciones, el abastecimiento y múltiples cadenas productivas dependen de infraestructuras cuya continuidad operacional resulta esencial.

Por tanto, además de preguntarnos cuánto cuesta una infraestructura o cuánta demanda atiende actualmente, quizás debamos incorporar otras preguntas:

¿Qué ocurre si esa infraestructura deja temporalmente de funcionar?

¿Existe una alternativa?

¿Cuánto tiempo tardaría el sistema en recuperarse?

¿Qué actividad económica depende de ella?

Este enfoque introduce dos conceptos fundamentales: resiliencia y redundancia.

En determinadas infraestructuras críticas, disponer de alternativas no necesariamente representa duplicación innecesaria.

Puede representar seguridad económica.

Por eso considero que nuestra condición insular debería formar parte de la planificación nacional de infraestructura.

En una isla, la redundancia de determinadas infraestructuras puede ser una forma de resiliencia.

Infraestructura y territorio no pueden planificarse por separado

Existe también una relación que deberíamos fortalecer progresivamente: la existente entre infraestructura y ocupación territorial.

Cada nueva urbanización, hotel, complejo residencial, instalación industrial o centro comercial introduce nuevas demandas sobre el territorio.

Genera viajes.

Consume agua y energía.

Produce aguas residuales y residuos.

Necesita drenaje.

Requiere accesibilidad.

Y modifica el comportamiento futuro del entorno.

Por eso, mientras más rápido crece una zona, más importante resulta que las decisiones sobre infraestructura y las decisiones sobre uso del suelo formen parte de una misma conversación.

Punta Cana constituye probablemente uno de nuestros mejores laboratorios para observar esta relación.

Su extraordinaria capacidad para atraer inversión turística e inmobiliaria ha transformado el territorio en pocas décadas.

El desafío ahora consiste en garantizar que infraestructura, servicios y ordenamiento territorial puedan evolucionar con una velocidad compatible con ese crecimiento.

En estos escenarios, la pregunta ya no debería ser únicamente:

¿qué infraestructura necesitamos hoy?

También:

¿qué infraestructura necesitaremos para soportar el desarrollo que ya sabemos que viene?

La tecnología puede ayudarnos a anticiparnos

Afortunadamente, las herramientas disponibles para responder estas preguntas son cada vez mejores.

Los sistemas de información geográfica, BIM, imágenes satelitales, sensores, modelos de movilidad y bases de datos territoriales permiten analizar escenarios que hace algunas décadas resultaban mucho más difíciles de representar.

En construcción utilizamos BIM, entre otras cosas, para identificar interferencias antes de ejecutar una obra.

Podemos descubrir una incompatibilidad entre una estructura y una instalación antes de llegar al terreno.

Me parece interesante trasladar progresivamente esa lógica a la escala territorial.

Antes de desarrollar determinados sectores podríamos analizar conjuntamente vialidad, drenaje, riesgos, redes de servicios, densidades, medio ambiente y proyectos previstos.

Una especie de detección anticipada de interferencias territoriales.

El objetivo no sería sustituir la decisión humana mediante tecnología.

Sería tomar mejores decisiones humanas utilizando mejor información.

Seguridad jurídica: también importa saber qué ocurrirá alrededor de una inversión

El segundo gran eje del foro estuvo dedicado a legislación y seguridad jurídica, elementos indispensables para cualquier economía que aspire a atraer y mantener inversión de largo plazo.

Aquí quisiera agregar una dimensión vinculada directamente con la planificación territorial.

Tradicionalmente, cuando hablamos de seguridad jurídica de una inversión pensamos correctamente en propiedad, contratos, permisos, procedimientos y garantías institucionales.

Pero una inversión inmobiliaria, turística, industrial o logística que se proyecta durante veinte o treinta años también necesita previsibilidad territorial.

El inversionista necesita conocer con suficiente claridad:

qué puede desarrollarse en un suelo;

cuáles usos son compatibles;

qué densidad corresponde;

qué restricciones existen;

qué infraestructuras están previstas;

qué derechos de vía deben preservarse;

y cuáles son las reglas básicas que orientarán la evolución futura del entorno.

Esto no significa que un territorio deba permanecer inmóvil.

Las ciudades cambian y los instrumentos de planificación también deben poder adaptarse.

Lo importante es que esos cambios se produzcan dentro de reglas conocidas, procedimientos transparentes y criterios verificables.

Ahí existe una relación directa entre ordenamiento territorial y seguridad jurídica.

Un buen instrumento territorial no debería limitarse a regular.

También debería reducir incertidumbre.

Para un propietario significa conocer con claridad qué puede hacer con su inmueble.

Para un desarrollador, conocer anticipadamente las condiciones que deberá cumplir.

Para una institución financiera, disponer de información adicional para evaluar riesgos.

Y para el Estado, reducir espacios de discrecionalidad y conflictos posteriores.

En ese sentido, una idea que me parece especialmente importante es esta:

la seguridad jurídica de una inversión también comienza en el mapa.

Reglas claras de ocupación territorial no solamente contribuyen a construir mejores ciudades.

También pueden convertirse en una ventaja competitiva para atraer inversión de largo plazo.

Planificar también es proteger la inversión

Una de las conclusiones que me deja el Foro Punta Cana es que infraestructura, inversión, planificación y seguridad jurídica probablemente deban discutirse cada vez menos como asuntos independientes.

Una buena infraestructura aumenta competitividad.

Una planificación territorial adecuada permite utilizarla mejor.

Reglas claras reducen incertidumbre.

Y la seguridad jurídica genera confianza para invertir.

Son piezas de un mismo sistema.

Por eso resulta valioso que espacios como el Foro Punta Cana permitan colocar estas conversaciones en una misma mesa.

El reto posterior es convertir el diálogo en una cultura permanente de planificación, coordinación y anticipación.

La República Dominicana seguirá creciendo.

Punta Cana también.

La verdadera oportunidad consiste en que ese crecimiento encuentre delante de sí infraestructura preparada, instituciones coordinadas y reglas territoriales suficientemente claras para permitir que ciudadanos e inversionistas puedan tomar decisiones con mayor certeza.

Quizás ahí exista una buena síntesis de los dos grandes temas discutidos durante la jornada:

la infraestructura crea condiciones para el desarrollo y la seguridad jurídica crea confianza para invertir.

Y entre ambas existe un elemento que no deberíamos olvidar:

un territorio planificado permite que las dos funcionen mejor.