Por Samuel Abreu Marcelo
La República Dominicana acaba de dar un paso histórico en la consolidación de un modelo territorial más ordenado, técnico y sostenible. El pasado 21 de julio fue emitido el Decreto Núm. 396-25, que aprueba oficialmente el Reglamento General para la aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Esta nueva normativa reglamentaria no solo operacionaliza la Ley 368-22, sino que establece las bases técnicas, legales e institucionales para transformar la manera en que se planifican nuestras ciudades y territorios. Por primera vez, se cuenta con un instrumento normativo nacional que regula integralmente los planes municipales, planes parciales y especiales, clarifica las competencias de los gobiernos locales, y obliga a vincular todo desarrollo urbano a un instrumento técnico aprobado.
¿Por qué este reglamento es clave?
- Fortalece la gobernanza territorial
El reglamento establece mecanismos claros para autorizar, supervisar y fiscalizar el uso del suelo en todo el país, alineando la planificación territorial con los principios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad. Además, crea una herramienta institucional para dirimir conflictos entre niveles de gobierno. El Artículo 82, por ejemplo, faculta al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a determinar —con apoyo de la ONE— qué jurisdicción tiene competencia territorial en casos de ambigüedad limítrofe. - Establece instrumentos técnicos obligatorios
Queda claramente estipulado que ningún proyecto urbano podrá ejecutarse sin estar respaldado por un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un plan parcial o un plan especial debidamente aprobado. Esto garantiza que el desarrollo no sea arbitrario ni improvisado, sino resultado de una visión planificada. - Introduce el dictamen técnico previo
Antes de emitir resoluciones formales sobre uso de suelo, se deberá realizar un dictamen técnico de viabilidad territorial. Esta evaluación técnica se convierte en un filtro clave para asegurar que los proyectos estén en armonía con los planes y normas existentes. Aunque su aplicación podría generar debates, representa una importante medida de anticipación para prevenir conflictos urbanísticos y jurídicos. - Da seguridad jurídica y transparencia al desarrollo
El nuevo reglamento brinda certeza a los inversionistas, gobiernos locales y comunidades sobre qué se puede hacer, dónde y bajo qué condiciones. Esto ayuda a reducir conflictos legales, elimina discrecionalidades y mejora la confianza en la institucionalidad territorial. - Refuerza el compromiso con la sostenibilidad
En coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana, la normativa promueve territorios más compactos, resilientes, equitativos y ambientalmente responsables. El desarrollo urbano no podrá seguir avanzando sin considerar criterios de riesgo, conectividad, accesibilidad y justicia territorial.
Un marco para ordenar y proteger
Este reglamento es, sin duda, una victoria institucional para el país, pero también representa un llamado a la acción. Las autoridades locales deben asumir el desafío de su implementación efectiva. La aprobación del reglamento no resuelve por sí sola los problemas de desorden territorial, pero sí ofrece la hoja de ruta y las herramientas necesarias para empezar a hacerlo.
Además, coloca sobre la mesa una nueva dinámica de corresponsabilidad entre el Estado central, los ayuntamientos, los desarrolladores inmobiliarios y la ciudadanía. Planificar el territorio ya no será una opción voluntaria: será una obligación legal, técnica y ética.
Conclusión: el reto de implementar lo aprobado
Ahora que el país cuenta con una ley robusta y su reglamento oficial, el verdadero desafío está en su puesta en marcha. Esto implica capacitar a los gobiernos locales, integrar equipos técnicos con competencias urbanísticas, y reforzar los mecanismos de evaluación, fiscalización y participación ciudadana.
La transformación del territorio no es solo un tema de planos o mapas; es una decisión política y social de largo alcance. Es garantizar que el desarrollo inmobiliario no avance sobre ecosistemas frágiles, que los barrios tengan servicios dignos, que las ciudades crezcan sin excluir y que el suelo sea un recurso bien administrado.
Desde InfoObrasRD y desde la visión técnica que represento, celebramos la aprobación de este reglamento como un paso firme hacia una República Dominicana más ordenada, habitable y equitativa. El momento de actuar es ahora.
Por Samuel Abreu Marcelo
Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación y Ordenamiento Territorial
