El costo oculto del desarrollo inmobiliario: ¿quién paga las infraestructuras que necesitan las nuevas urbanizaciones?
Por: Ing. Samuel Abreu Marcelo
Ingeniero civil | Especialista en planificación territorial, infraestructura urbana y ciudades inteligentes
InfoObrasRD | 18 de noviembre de 2026
Sección: Desarrollo inmobiliario y planificación urbana
Cada nuevo proyecto inmobiliario genera una demanda adicional de calles, agua potable, saneamiento, drenaje, energía, equipamientos y servicios urbanos. Pero ¿quién financia esas infraestructuras, quién asume su mantenimiento y cómo se distribuyen los costos entre promotores, propietarios, autoridades y ciudadanos? Una reflexión sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas, con especial atención a Verón–Punta Cana.
1. Una pregunta que rara vez aparece en los anuncios inmobiliarios
Cuando se anuncia un nuevo proyecto residencial, comercial o de uso mixto, la información suele concentrarse en sus características arquitectónicas, superficie construida, unidades disponibles, amenidades y monto de inversión.
Estos datos son importantes, pero dejan fuera una pregunta decisiva:
¿Cuánto cuesta realmente incorporar ese proyecto a la ciudad?
Un desarrollo de cientos de viviendas no solamente implica construir edificios.
También genera viajes diarios, consumo de agua, descargas de aguas residuales, escorrentías pluviales, demanda eléctrica, residuos sólidos y necesidad de servicios públicos.
Su impacto puede extenderse mucho más allá de los límites de la parcela.
Una nueva urbanización puede ejecutar correctamente todas sus instalaciones internas y, sin embargo, descargar sus necesidades sobre una carretera saturada, una red hidráulica insuficiente o un sistema sanitario incapaz de admitir nuevas conexiones.
En esos casos surge lo que podríamos denominar el costo oculto del desarrollo inmobiliario: las inversiones adicionales que requiere el territorio para sostener una actividad privada y que no necesariamente están incorporadas en la evaluación económica inicial del proyecto.
No se trata de afirmar que la inversión privada es responsable de todos los problemas urbanos.
Se trata de reconocer que el crecimiento inmobiliario y la capacidad de infraestructura deben planificarse conjuntamente.

2. El problema económico: cuando el proyecto es rentable, pero la ciudad absorbe parte de sus costos
Desde una perspectiva económica, existen diferencias entre los costos que asume directamente un promotor y aquellos que puede generar su proyecto sobre el sistema urbano.
El promotor normalmente calcula adquisición del terreno, diseño, permisos, construcción, instalaciones, comercialización, financiamiento y márgenes de rentabilidad.
Sin embargo, pueden existir impactos externos cuyo costo se manifieste después.
Por ejemplo, la incorporación de cientos de nuevas viviendas puede requerir ampliar una intersección, incrementar la capacidad de una planta de tratamiento o construir un colector sanitario.
Si esos requerimientos no se identifican desde la planificación, las inversiones podrían terminar siendo asumidas por instituciones públicas, operadores de servicios, compradores o comunidades.
También pueden traducirse en congestión, interrupciones del servicio y deterioro ambiental.
Esto genera una distorsión: el beneficio económico de una actuación puede concentrarse en determinados actores mientras parte de sus costos se distribuye entre una población mucho más amplia.
En economía urbana, este fenómeno se relaciona con las externalidades del desarrollo.
La pregunta no debería ser si el sector público o el sector privado debe pagar absolutamente todo. La cuestión es cómo asignar responsabilidades de manera transparente, proporcional y jurídicamente sustentada.
3. Tres niveles de infraestructura que deben distinguirse
No todas las infraestructuras cumplen la misma función, tienen el mismo alcance ni deberían financiarse mediante un único mecanismo.
Para ordenar la discusión resulta útil distinguir tres escalas.
Infraestructura interna del proyecto
Incluye las calles interiores, aceras, drenajes, redes de servicios, iluminación y otras instalaciones necesarias para habilitar las parcelas y edificaciones.
Su ejecución suele formar parte de las obligaciones de urbanización, conforme al régimen aplicable y las condiciones de la licencia correspondiente.
Infraestructura de conexión
Comprende las actuaciones necesarias para conectar el proyecto con las redes existentes.
Aquí pueden aparecer ampliaciones de acceso, enlaces viales, empalmes hidráulicos, estaciones de bombeo, colectores o reforzamientos eléctricos.
La responsabilidad y financiación dependerán de la normativa aplicable, las condiciones técnicas de los operadores, las autorizaciones y los acuerdos válidamente establecidos.
Infraestructura estructurante de ciudad
Es aquella que presta servicios a diferentes proyectos, comunidades y sectores económicos.
Incluye corredores viales principales, plantas de tratamiento, sistemas de abastecimiento, grandes colectores, equipamientos y redes de alcance territorial.
Su financiación requiere una visión más amplia, que puede involucrar presupuestos públicos, operadores, múltiples beneficiarios, contribuciones especiales y otros instrumentos autorizados.
La importancia de esta clasificación es que evita dos soluciones igualmente problemáticas: trasladar al contribuyente todas las necesidades de una nueva urbanización o exigir a un solo promotor financiar infraestructuras que benefician a una región entera.

4. América Latina: una necesidad de inversión que exige nuevas formas de financiación
El Banco Interamericano de Desarrollo estima que América Latina y el Caribe requieren aproximadamente US$1,596 billones de inversión en infraestructura durante el período 2025–2030.
Esto representa un esfuerzo anual equivalente al 3,53 % del producto interno bruto regional.
El estudio contempla necesidades de transporte, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.
Las cifras corresponden a una evaluación regional y no deben interpretarse como presupuestos aprobados o proyectos disponibles para contratación.
Sin embargo, permiten comprender la magnitud del desafío.
La región necesita ampliar sus redes, rehabilitar activos existentes y mejorar los servicios mientras continúan las presiones de crecimiento urbano.
En paralelo, la CEPAL ha analizado las opciones de financiación de infraestructura sostenible y los mecanismos que vinculan inversión pública, aprovechamiento del suelo y desarrollo territorial.
La discusión internacional demuestra que no basta con disponer de proyectos de ingeniería.
También es necesario contar con mecanismos de financiación capaces de distribuir las obligaciones entre quienes generan demanda, quienes reciben beneficios y las instituciones responsables de garantizar los servicios.
En este contexto, la planificación territorial se convierte en una herramienta económica, además de urbana y ambiental.
5. República Dominicana: el reparto de cargas y beneficios ya forma parte del marco normativo
La Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, estableció un marco para la planificación territorial y la regulación del suelo en República Dominicana.
Su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 486-25, desarrolla mecanismos especialmente relevantes para el debate inmobiliario.
El artículo 84 aborda las cargas urbanísticas como obligaciones asociadas a la dotación y adecuación de servicios, así como a la participación de la comunidad en determinados beneficios de valorización derivados de la actuación pública.
Entre los mecanismos contemplados se encuentran cesiones de suelo, aportes o construcción de infraestructura urbana y contribuciones especiales, sujetos a las condiciones y procedimientos legales correspondientes.
Por su parte, el artículo 87 establece el reparto equitativo de cargas y beneficios como principio para generar infraestructura pública de soporte en procesos de urbanización y construcción.
El artículo 140 exige considerar las estructuras ambientales, viales, de espacio público, equipamientos, patrimonio y servicios públicos al formular los planes municipales de ordenamiento territorial.
Resulta especialmente importante su disposición relativa a la capacidad de carga: los proyectos no deben superar la capacidad existente de los soportes territoriales sin generar las soluciones requeridas conforme a los instrumentos aplicables.
El artículo 141 vincula los proyectos de urbanización con la disponibilidad de terrenos destinados a servicios, áreas verdes, espacio público y equipamientos.
Esto representa una evolución importante del enfoque normativo.
La autorización del uso del suelo y de nuevas edificaciones debe relacionarse con la capacidad real de los sistemas urbanos que harán posible su funcionamiento.
Ahora bien, estas disposiciones no significan que exista una cuota universal e idéntica para todos los desarrolladores.
La cuantificación de las obligaciones, sus condiciones de aplicación y las competencias institucionales deben examinarse según el suelo, el instrumento territorial vigente, la ordenanza, el procedimiento y la actuación concreta.
Una contribución urbanística debe tener fundamento jurídico, criterios de proporcionalidad y un destino claramente identificado.
6. El valor de los planes municipales y los planes parciales
Un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial no debería limitarse a producir un mapa de clasificación del suelo o una tabla de usos permitidos.
Para ser ejecutable, necesita relacionar la ocupación prevista con las capacidades y las inversiones necesarias.
Esto supone identificar corredores viales, áreas de drenaje, redes de servicios, espacios públicos y reservas para equipamientos.
También exige determinar prioridades, secuencias y posibles fuentes de financiación.
En este proceso, los planes parciales pueden desempeñar una función relevante al desarrollar con mayor detalle áreas específicas sujetas a urbanización o consolidación.
A través de instrumentos de gestión adecuados, es posible estudiar conjuntamente parcelas de distintos propietarios, necesidades de infraestructura y aprovechamientos urbanísticos.
La finalidad es evitar que cada proyecto actúe como una isla.
Una urbanización debe integrarse a la estructura de ciudad, no obligar a la ciudad a improvisar su infraestructura después de construida.
7. Verón–Punta Cana: un territorio donde esta discusión adquiere especial importancia
Verón–Punta Cana constituye un escenario especialmente relevante para reflexionar sobre los costos asociados al crecimiento inmobiliario.
De acuerdo con el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, el distrito municipal registró 138.919 habitantes.
El territorio experimenta una transformación vinculada con actividades turísticas, residenciales, comerciales, logísticas y de servicios.
Esta dinámica genera inversiones importantes, pero también obliga a reflexionar sobre la capacidad de las redes de infraestructura y la coordinación de los nuevos desarrollos.
Los trabajos técnicos y debates territoriales sobre Verón–Punta Cana han puesto sobre la mesa cuestiones vinculadas con movilidad, conectividad, disponibilidad de suelo para corredores futuros, agua potable, saneamiento y drenaje.
Desde mi experiencia profesional en planificación territorial e infraestructura, considero especialmente importante prestar atención a la continuidad de la red vial.
En territorios donde todavía existen grandes áreas por desarrollar, la reserva oportuna de corredores estratégicos puede reducir conflictos y costos futuros.
Una vía que hoy puede ser prevista mediante coordinación urbanística podría requerir mañana complejos procesos de adquisición de terrenos, liberación de derechos de paso o rediseño de edificaciones existentes.
Algo semejante ocurre con las redes hidráulicas.
La planificación de nuevos desarrollos debe evaluar no solamente si existe una tubería cercana, sino su capacidad disponible, presión, continuidad, demanda futura y alternativas de ampliación.
Lo mismo aplica al saneamiento: disponer de una solución individual dentro de una parcela no resuelve necesariamente la sostenibilidad sanitaria de todo el distrito.
Por ello, la planificación del crecimiento debe considerar simultáneamente las necesidades del proyecto y las del conjunto territorial.
Estas observaciones constituyen una reflexión técnica sobre desafíos de planificación. No representan una auditoría de actuaciones particulares ni una afirmación de incumplimiento por parte de empresas o instituciones determinadas.
8. El costo que aparece cuando no se reserva la infraestructura
Uno de los errores más costosos de la expansión urbana es permitir la consolidación de edificaciones sobre terrenos que después podrían ser necesarios para infraestructura pública.
Cuando una ciudad crece sin preservar corredores, los problemas futuros pueden requerir expropiaciones, indemnizaciones y modificaciones de proyectos.
También pueden producirse trazados menos eficientes y mayores costos de operación.
La solución no consiste necesariamente en construir de inmediato todas las avenidas previstas para las próximas décadas.
En muchas circunstancias, el primer paso es identificar técnicamente las reservas necesarias y establecer mecanismos legales de protección, adquisición o gestión del suelo.
Los propietarios pueden encontrar incentivos legítimos para participar cuando la infraestructura prevista mejora la accesibilidad y el valor potencial de sus terrenos.
Pero esa colaboración debe desarrollarse con reglas claras, respeto a los derechos de propiedad, compensaciones cuando correspondan y procedimientos transparentes.
La planificación anticipada puede generar valor tanto público como privado.
La improvisación, por el contrario, suele elevar el costo de las soluciones.
9. ¿Quién termina pagando cuando la infraestructura se planifica tarde?
El costo puede distribuirse de distintas formas.
Los compradores de inmuebles pueden enfrentar mayores costos indirectos, tarifas, cuotas de mantenimiento o dificultades de acceso a servicios.
Los residentes de comunidades existentes pueden experimentar congestión o presión adicional sobre redes que no fueron ampliadas oportunamente.
Los gobiernos y operadores públicos pueden verse obligados a realizar inversiones correctivas con recursos que podrían destinarse a otras prioridades.
Los promotores inmobiliarios pueden enfrentar retrasos, exigencias técnicas adicionales y dificultades de conexión cuando las capacidades disponibles son insuficientes.
Los propietarios de suelo pueden obtener beneficios de valorización asociados con nuevas infraestructuras o cambios normativos, aun cuando no participen directamente en su financiación.
No debe suponerse que estos efectos se producen de manera idéntica en todos los proyectos.
Su distribución depende de las condiciones urbanas, las decisiones públicas, los contratos y los mecanismos de financiación aplicables.
Lo esencial es identificar esos efectos antes de autorizar y ejecutar grandes transformaciones territoriales.
10. Colombia: un modelo de reparto de obligaciones y beneficios urbanísticos
Colombia ofrece una referencia relevante para el debate regional.
La Ley 388 de 1997 incorpora el reparto equitativo de cargas y beneficios como principio de ordenamiento urbano.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio explica que estos mecanismos permiten obtener suelo para vías, servicios públicos, áreas verdes y equipamientos, vinculando parte de su financiación con los aprovechamientos urbanísticos generados.
Entre los instrumentos disponibles se encuentran unidades de actuación urbanística, planes parciales, compensaciones y mecanismos de participación en plusvalías.
La lógica consiste en identificar qué beneficios reciben los propietarios por las decisiones de ordenamiento y qué contribuciones corresponden para habilitar adecuadamente el territorio.
No todos los costos se asignan al mismo proyecto.
La infraestructura que beneficia a un área más extensa puede requerir fórmulas de reparto entre múltiples propietarios y beneficiarios.
Este enfoque resulta interesante para territorios donde las grandes extensiones de suelo se desarrollan de forma fragmentada.
No obstante, los mecanismos colombianos responden a un marco jurídico propio y no pueden trasladarse automáticamente a República Dominicana sin adaptación legal e institucional.
11. Brasil: cuando el derecho adicional a construir contribuye a financiar la ciudad
Brasil presenta otra experiencia relevante mediante la llamada Outorga Onerosa do Direito de Construir.
Este instrumento permite establecer una contraprestación por determinados derechos de edificación adicionales sobre el aprovechamiento básico previsto en la planificación.
La ciudad de Florianópolis, por ejemplo, explica en su documentación institucional que el mecanismo busca recuperar para la colectividad parte de la valorización generada mediante decisiones urbanísticas.
Los recursos pueden orientarse a finalidades urbanas contempladas en el marco normativo brasileño, como equipamientos, espacios públicos, áreas verdes y otras actuaciones de interés colectivo.
El principio económico es significativo:
Cuando una decisión pública incrementa el potencial de aprovechamiento de un terreno, puede establecerse un mecanismo legal para que parte de ese beneficio contribuya al desarrollo urbano.
Esto no supone que el Estado deba apropiarse de toda la valorización inmobiliaria ni que el propietario pierda sus derechos.
Se trata de mecanismos reglados que buscan equilibrar incentivos privados y necesidades colectivas.
La experiencia brasileña demuestra que el aprovechamiento del suelo puede vincularse a instrumentos de financiación urbana, siempre dentro de reglas previamente establecidas.
12. ¿Debe financiar el promotor la infraestructura de toda la ciudad?
La respuesta técnica no puede ser absoluta.
Un desarrollo inmobiliario debe cumplir las obligaciones que legalmente le correspondan, incluyendo las actuaciones necesarias para su urbanización y conexión.
Sin embargo, no sería necesariamente justo ni eficiente exigir a un único proyecto la financiación total de una infraestructura que prestará servicio a numerosos barrios y futuros desarrollos.
Tampoco resulta razonable que una infraestructura requerida exclusivamente por una actuación privada termine financiándose íntegramente con recursos generales sin una justificación legal y económica.
Por eso, la distribución de costos debería apoyarse en criterios como:
- Demanda adicional generada.
- Capacidad disponible de la infraestructura.
- Alcance territorial del beneficio.
- Aprovechamientos urbanísticos concedidos.
- Beneficiarios presentes y futuros.
- Prioridades de inversión pública.
- Competencias de cada operador.
- Obligaciones y derechos establecidos por la normativa.
El objetivo es que cada actuación contribuya de forma proporcional, sin imponer cargas arbitrarias ni trasladar costos injustificados.
13. Una propuesta de modelo para nuevas urbanizaciones
Desde una perspectiva de planificación territorial e ingeniería urbana, propongo avanzar hacia un modelo de evaluación en siete componentes.
Primero: diagnóstico de capacidad disponible
Antes de aprobar desarrollos significativos deben identificarse las capacidades reales de movilidad, abastecimiento, saneamiento, drenaje, energía y equipamientos.
Segundo: evaluación de demanda adicional
La revisión debe estimar población futura, viajes, consumo de agua, descargas sanitarias y otras necesidades que el proyecto incorporará al territorio.
Tercero: identificación de infraestructura necesaria
Distinguir qué intervenciones corresponden al interior del proyecto, cuáles son conexiones indispensables y cuáles forman parte de infraestructura estructurante.
Cuarto: determinación legal de obligaciones
Las contribuciones y condiciones deben sustentarse en los instrumentos vigentes, las competencias de las autoridades y los procedimientos establecidos.
Quinto: programación y financiación
Identificar responsables, costos estimados, fuentes de recursos y secuencia de ejecución, diferenciando inversiones comprometidas de necesidades pendientes.
Sexto: gestión territorial y coordinación de propietarios
En áreas con varios propietarios, estudiar mecanismos legítimos de cooperación para obtener reservas viales, espacios públicos y suelos destinados a servicios.
Séptimo: seguimiento y mantenimiento
Establecer cómo se recibirán, operarán y mantendrán las infraestructuras una vez concluidas.
Estos elementos no pretenden sustituir los procedimientos normativos.
Constituyen una metodología de análisis que puede contribuir a mejorar la preparación de proyectos y la coordinación entre administraciones, operadores, inversionistas y comunidades.

14. La tecnología puede ayudar a transparentar las decisiones
Los sistemas de información geográfica permiten relacionar desarrollos inmobiliarios, redes existentes, áreas disponibles y demandas proyectadas.
Mediante modelos de movilidad es posible analizar el impacto potencial de nuevos desplazamientos y evaluar alternativas de conectividad.
Las metodologías BIM pueden contribuir a coordinar las fases de diseño, construcción y gestión de las infraestructuras.
También resulta útil avanzar hacia inventarios territoriales de activos públicos y plataformas de seguimiento de inversiones.
La información organizada permite identificar:
¿Qué infraestructura existe?
¿Cuál es su capacidad?
¿Qué nuevos proyectos demandarán servicios?
¿Qué inversiones están previstas?
¿Quién debe financiarlas?
¿Cuándo deben ejecutarse?
¿Quién será responsable de mantenerlas?
La digitalización no sustituye los acuerdos institucionales, el financiamiento ni el cumplimiento de la legislación.
Pero puede contribuir a que las decisiones sean más verificables y que sus consecuencias territoriales resulten visibles antes de comenzar la construcción.
15. La responsabilidad pública también debe ser examinada
Un debate equilibrado sobre infraestructura urbana no puede concentrarse exclusivamente en los promotores inmobiliarios.
Las instituciones públicas tienen responsabilidades fundamentales de planificación, coordinación, regulación y prestación o supervisión de servicios dentro de sus competencias.
También deben garantizar reglas claras, procedimientos transparentes y previsibilidad administrativa.
Cuando los instrumentos territoriales no se encuentran actualizados, los promotores pueden enfrentar incertidumbre sobre qué infraestructuras deben ejecutar o qué terrenos deben reservar.
Cuando no existe programación de inversiones públicas, resulta difícil coordinar proyectos que requieren actuaciones de diferentes instituciones.
Y cuando los servicios dependen de varios operadores, pueden surgir problemas de compatibilidad, secuencia y mantenimiento.
Por tanto, la corresponsabilidad exige obligaciones claras tanto para el sector privado como para las instituciones públicas.
No basta con exigir planificación a los inversionistas.
También es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para planificar y cumplir sus propios compromisos.
16. El riesgo de trasladar los costos a las futuras generaciones
Una decisión urbanística puede parecer conveniente en el presente y producir costos durante décadas.
Cuando se aprueba un crecimiento territorial sin capacidad suficiente, las consecuencias pueden persistir mucho después de terminadas y vendidas las edificaciones.
Las futuras administraciones podrían verse obligadas a ampliar redes, recuperar espacios o resolver conflictos que pudieron identificarse desde el diseño.
Los residentes pueden enfrentar problemas de movilidad y servicios que afectan su calidad de vida.
Y los propios inversionistas pueden encontrarse en territorios cuya pérdida de funcionalidad reduzca la competitividad de sus proyectos.
El desarrollo inmobiliario sostenible requiere observar la rentabilidad privada junto con los costos y beneficios territoriales de largo plazo.
La ciudad que no planifica su infraestructura a tiempo corre el riesgo de pagar mañana, a un costo mayor, lo que pudo organizar hoy.
Conclusión: construir ciudad también significa decidir quién asume sus costos
América Latina necesita inversión inmobiliaria.
Necesita viviendas, nuevos centros de actividad económica, espacios comerciales, instalaciones productivas y edificaciones capaces de responder a la transformación de sus territorios.
Pero también necesita infraestructuras adecuadas para sostener esas inversiones.
La experiencia de planificación urbana demuestra que no es suficiente autorizar edificaciones y esperar que las redes públicas se adapten posteriormente.
La infraestructura debe formar parte de las decisiones iniciales de ordenamiento, diseño y viabilidad.
Los marcos normativos, las experiencias regionales y las herramientas técnicas disponibles permiten avanzar hacia mecanismos más transparentes de financiación y distribución de responsabilidades.
Para República Dominicana, la Ley 368-22 y su reglamento ofrecen disposiciones relevantes para ese proceso.
El desafío consiste en convertirlas en instrumentos territoriales coherentes, administrativamente aplicables y acompañados por inversiones reales.
Para Verón–Punta Cana y otras áreas de rápido crecimiento, esto representa una oportunidad de anticipar reservas de suelo, coordinar redes y mejorar la relación entre desarrollo inmobiliario e infraestructura pública.
No se trata de desalentar las inversiones, sino de elevar su calidad.
Tampoco de convertir al promotor en responsable de todas las necesidades de una ciudad.
Se trata de encontrar un equilibrio entre derechos, beneficios, obligaciones y capacidades institucionales.
Porque el verdadero costo del desarrollo inmobiliario no termina cuando se entrega una vivienda o se inaugura un complejo.
Continúa en las calles que deberán soportar nuevos desplazamientos, en las redes que suministrarán agua, en los sistemas que recibirán las aguas residuales y en los servicios que necesitarán las comunidades.
La pregunta fundamental no es solamente cuánto cuesta construir un proyecto.
La pregunta que deberíamos hacernos antes de aprobarlo es: cuánto le costará a la ciudad hacerlo funcionar y quién asumirá responsablemente ese costo.
Si conseguimos responderla con estudios, planificación, acuerdos y reglas transparentes, estaremos más cerca de transformar el crecimiento inmobiliario en auténtico desarrollo urbano.
Ing. Samuel Abreu Marcelo
Ingeniero civil | Planificación territorial, infraestructura urbana y ciudades inteligentes
InfoObrasRD — Información que construye.
Fuentes institucionales y referencias
1. Banco Interamericano de Desarrollo (2026). Eppur si muove: la evolución de las brechas de infraestructura de ALC 2021–2026.
https://publications.iadb.org/es/eppur-si-muove-la-evolucion-de-las-brechas-de-infraestructura-de-alc-2021-2026
2. CEPAL (2024). Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/69040-financiamiento-la-infraestructura-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe
3. CEPAL e IDOS (2025). Financiamiento del desarrollo urbano: suelo y movilidad pública en ciudades de Asia y América Latina.
https://plataformaurbana.cepal.org/es/documentos/financiamiento-del-desarrollo-urbano-suelo-y-movilidad-publica-en-ciudades-de-asia-y
4. República Dominicana. Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
https://presidencia.gob.do/sites/default/files/laws/2022-12/Ley%20368-22.pdf
5. República Dominicana. Decreto núm. 486-25, Reglamento de Aplicación de la Ley 368-22. Especialmente artículos 84–89, 122–130 y 140–143.
https://bvearmb.do/handle/123456789/8293
6. República Dominicana. Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
https://www.camaradecuentas.gob.do/transparencia/phocadownload/Transparencia/Base_legal_institucional/Leyes/Ley_176-07.pdf
7. Oficina Nacional de Estadística. X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/censos/poblacion-y-vivienda/2022/
8. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Reparto equitativo de cargas y beneficios.
https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-territorial/aula-de-financiamiento/reparto-equitativo-de-cargas-y-beneficios
9. República de Colombia. Ley 388 de 1997.
https://jurinfo.jep.gov.co/Normograma/compilacion/docs/ley_0388_1997.htm
10. Prefeitura de Florianópolis, Brasil. Outorga Onerosa do Direito de Construir.
https://redeplanejamento.pmf.sc.gov.br/pt-BR/instrumentos/outorga-onerosa
Nota editorial: los casos latinoamericanos se presentan como referencias comparativas, no como instrumentos jurídicos automáticamente aplicables a República Dominicana. Las reflexiones y propuestas constituyen análisis técnico del autor.
