Por Samuel Abreu Marcelo –Máster en Urbanismo Sostenible y Ciudades Inteligentes | Máster en BIM Management en Infraestructuras | Técnico en Planificación Territorial
El ordenamiento territorial municipal es más que un plan: es un pacto colectivo, una herramienta de construcción de futuro desde el territorio mismo.
A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos del avance significativo en los procesos de planificación municipal en la República Dominicana. Nuevas leyes, metodologías participativas y una creciente conciencia local han contribuido a que muchas comunidades comiencen a pensar su desarrollo desde la raíz.
Pero también es cierto que, en paralelo, ha comenzado a evidenciarse una tendencia que merece ser observada críticamente: el diseño o reformulación de planes territoriales desde espacios externos al territorio, con limitada participación local y bajo esquemas técnicos desconectados del proceso original.
Cuando la técnica se divorcia del territorio
Los marcos legales vigentes —en particular la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial y la Ley 176-07 sobre los gobiernos locales— establecen con claridad el principio de autonomía municipal y la necesidad de construir planes con participación ciudadana efectiva, anclaje territorial y validación institucional local.
La experiencia ha demostrado que cuando un plan se construye sin estas condiciones, su legitimidad se debilita, su implementación se dificulta y su sentido transformador se pierde. El territorio deja de reconocerse en él.
No se trata solo de cumplir la ley, sino de respetar la inteligencia del territorio, su historia, su tejido social y su derecho a decidir su futuro.
El riesgo de las decisiones externas
Cuando se produce la reformulación o publicación de un instrumento de planificación fuera del entorno territorial, sin continuidad técnica ni social con el proceso original, se abre una peligrosa brecha entre la herramienta y su base social y legal.
Más preocupante aún es cuando los gobiernos locales no son partícipes activos o no son siquiera informados de los cambios que se introducen en los planes que ellos deben adoptar y aplicar.
Esto no solo contradice el marco legal, sino que pone en entredicho los principios más elementales de descentralización y buena gobernanza.
Llamado a la conciencia: la planificación es corresponsabilidad
Este artículo no busca señalar actores ni señalar con el dedo. Busca invitar a la reflexión:
- A los actores del gobierno central, a recordar que el desarrollo territorial no se impone, se construye desde el diálogo y la legalidad.
- Y a los gobiernos locales, a no abdicar de su rol institucional y político en la defensa del territorio que representan.
La planificación territorial no puede ser una decisión vertical ni un trámite burocrático.
Debe ser un acto de corresponsabilidad, de respeto mutuo, y de profundo compromiso con el presente y el futuro del territorio.
Un cierre necesario
Frente a esta realidad, es urgente fortalecer el papel de los gobiernos locales, proteger la continuidad técnica de los procesos iniciados, y garantizar que cualquier documento de planificación territorial responda, no a intereses externos, sino a la voluntad construida colectivamente en el territorio.
Porque cuando se planifica lejos del territorio, también se alejan la verdad, la legitimidad y la esperanza.
